La reciente decisión del gobierno de Nayib Bukele de llevar a cabo juicios colectivos para casi 72 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas en El Salvador ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la judicatura. Esta medida, aprobada el 26 de julio por el Congreso bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, permite que grupos de hasta 900 reos sean procesados en un solo juicio, lo que, según Amnistía Internacional, constituye una clara violación al derecho a una defensa justa. Las críticas apuntan a que esta jugada legal es un intento populista por parte de Bukele para consolidar su imagen y asegurar su reelección en un contexto marcado por la preocupante criminalidad asociada a las pandillas.
Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente que continuar con juicios colectivos en el sistema penal actual atenta contra los derechos fundamentales como el de la defensa, ante un ambiente que ya ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Jueces como Antonio Durán han expresado su preocupación al señalar que estos procesos masivos son contrarios a los principios de justicia individual y que está en juego la integridad del sistema judicial en El Salvador. Durán resalta que las condenas rápidas y masivas no solo transgreden normas nacionales, sino que también colisionan con estándares internacionales que rigen la administración de justicia.
La normativa aprobada incluye disposiciones transitorias que buscan regular la forma en que se procesarán a los imputados detenidos en el contexto del régimen de excepción. Sin embargo, esta temporalidad no ofrece claridad sobre su duración y plantea una simplificación de los procesos penales en los que diferentes grupos de detenidos serán agrupados según su supuesta pertenencia a estructuras criminales. Esto acarrea el riesgo de que miles de individuos, potencialmente inocentes, sean juzgados de manera colectiva, lo que podría diluir sus derechos a una defensa adecuada y a un juicio individual.
La introducción de estas reformas penales ha sido considerada por algunos analistas como una estrategia electoral del presidente Bukele, especialmente en un contexto previo a las elecciones. Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, aduce que esta maniobra busca captar el apoyo popular, desvirtuando el sistema de justicia para satisfacer exigencias de seguridad pública. Las declaraciones de figuras del gobierno, incluido el ministro de Justicia, sugieren que el modelo de juicios colectivos podría ser imitado por otros países, generando más preocupación sobre la posible erosión del estado de derecho en la región.
Finalmente, el nuevo marco legal permite que los detenidos bajo el régimen de excepción permanezcan hasta dos años en prisión antes de ser juzgados, lo que es considerado alarmante por analistas y activistas de derechos humanos. Samuel Ramírez, líder del Movimiento de Víctimas del Régimen, enfatiza que esta norma impactará negativamente a aquellos que no tienen relación con pandillas, aislando el concepto de justicia y equivocadamente alineando a inocentes con criminales. La implementación de juicios colectivos podría estar destinada a potenciar la imagen del gobierno, pero a costa de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos salvadoreños insuficientemente protegidos bajo el sistema de justicia actual.
