A pocos días de asumir como nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steinert ha estado en el centro de una intensa controversia tras solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI). A través de un oficio confidencial, Steinert pidió detalles sobre el personal de la Brigada Antinarcóticos y de Crimen Organizado involucrado en una causa penal en curso, que había resultado en una reciente reasignación. Esta acción, en conjunto con la desvinculación de la prefecta general de la PDI, ha suscitado la atención de dos parlamentarios, quienes han reclamado un pronunciamiento oficial por parte de la Contraloría General de la República, dada la naturaleza delicada de la situación.
La Contraloría emitió recientemente su dictamen sobre el tema, indicando que Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información que podría comprometer la investigación penal en curso. Aunque el artículo 3 de la ley 21.730 otorga a los ministros el derecho a requerir informes a cualquier órgano del Estado, este derecho no es absoluto. Específicamente, la Contraloría argumentó que la exministra tenía un deber de abstención debido a su anterior cargo como fiscal regional, lo que generaba un conflicto de interés que debía ser evitado, incluso si este solo era potencial.
La controversia se agrava debido a la falta de claridad en el dictamen de la Contraloría sobre los conflictos de interés. Si bien se menciona que la solicitud de información podría poner en riesgo la investigación, no se explicitan las razones específicas de dicho conflicto, lo que ha llevado a cuestionar la solidez del dictamen. No se abordaron las posibles implicaciones patrimoniales, profesionales o personales que podrían haber influido en la decisión de la exministra, lo cual es crucial para entender el marco en el que se debió actuar con más cautela.
A pesar de las críticas y el desafío que enfrenta el recurso de reconsideración interpuesto por Steinert, algunos sectores políticos han intentado desestimar el dictamen basándose en intereses más que en argumentos jurídicos claros. No obstante, este episodio podría interpretarse como una oportunidad para reexaminar la estructura y las funciones del recién establecido Ministerio de Seguridad. Es esencial que las atribuciones de coordinación con el Ministerio Público y la supervisión de la actuación policial sean definidas de manera que no den pie a malas interpretaciones o tensiones innecesarias.
Finalmente, este caso destaca la necesidad urgente de consolidar y clarificar el marco legislativo relacionado con el Ministerio de Seguridad, garantizando que todas las funciones se realicen con la transparencia y la ética requeridas. La atención mediática que ha generado la actuación de la exministra podría servir como un punto de partida para establecer nuevas normativas que protejan la integridad de las instituciones a la hora de prevenir situaciones que puedan alterar el correcto funcionamiento de la justicia y la seguridad pública.
