Una creciente preocupación se ha instalado en la Región de Valparaíso ante el alarmante aumento de denuncias por amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales. Desde el 23 de marzo hasta el 17 de abril, se han contabilizado al menos 232 denuncias, un fenómeno que ha encendido las alertas entre las autoridades locales. Este incremento ha exigido un despliegue intensivo de recursos policiales en varios puntos del territorio, reflejando un estado de alerta significativo en los organismos de seguridad y en la comunidad educativa.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ha confirmado la magnitud de la situación, afirmando que cada aviso recibido es tratado con seriedad debido a su potencial gravedad. «Hemos recibido un número importante de denuncias desde que se están produciendo estos fenómenos», declaró, enfatizando que la cantidad de casos ha tensionado el sistema de persecución penal. La fiscal mostró su preocupación, ya que cada denuncia activa un sistema de investigación criminal que requiere una respuesta inmediata por parte de las fuerzas del orden.
Perivancich explicó que cada alerta de amenaza, sin importar su veracidad, activa protocolos que implican reacciones rápidas por parte de Carabineros y el Ministerio Público. Según la funcionaria, la inminencia de un posible atentado obliga a una movilización inmediata para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo. La investigación se lleva a cabo en colaboración con la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y las Brigadas de Criminalística (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), según la complejidad de cada amenaza reportada.
A pesar del elevado número de denuncias, la fiscal fue clara al señalar que, hasta el momento, la mayoría de los casos no corresponden a amenazas reales. «Lo lamentamos porque en general hemos advertido que la mayor parte de estos casos, si no todos, corresponden a denuncias falsas», comentó. No obstante, destacó que esta situación no alivia la gravedad del fenómeno, dado que cada advertencia requiere la movilización de recursos y una respuesta logística ante la posibilidad de que alguna sea cierta.
Las amenazas han tomado diversas formas, desde mensajes escritos en baños escolares hasta publicaciones en redes sociales, lo que complica su seguimiento y verificación. Cada caso requiere la activación de la presencia policial y esfuerzos para identificar a aquellos que emiten tales amenazas. Por si fuera poco, el aumento de estos incidentes, que también se ha evidenciado en otras regiones del país, no solo plantea un desafío para las autoridades, sino que también ha generado una profunda alarma entre estudiantes, apoderados y docentes, lo que ha llevado en algunos casos a la suspensión de clases o la implementación de medidas preventivas.
