Los diputados del Partido de la Gente (PDG) han tomado medidas drásticas y han recurrido a la Contraloría General de la República, destacando una preocupante situación en la que varios asesores presidenciales aparentemente perciben «doble sueldo». Este escándalo involucra a individuos que simultáneamente ocupan cargos de elección popular y asumen funciones dentro del Ejecutivo, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de estos arreglos. La denuncia ha sido formalizada por cuatro diputados de la bancada, quienes argumentan que esta incompatibilidad laborar no solo afecta la probidad esperada de altos funcionarios, sino que también mina la confianza pública en la administración del Presidente José Antonio Kast.
Entre los acusados se encuentra la jefa de gabinete presidencial, Catalina Ugarte, quien es concejala en la comuna de Las Condes. Además, otros asesores que ocupan posiciones relevantes en los ministerios de Transportes y Educación también se encuentran en la misma situación. Los parlamentarios del PDG sostienen que es inaceptable que estas personas mantengan roles duales, lo que no solo compromete su dedicación al gobierno, sino que también infringe los principios de probidad que deberían regir su función pública. La denuncia ha generado un debate intenso sobre la ética en el manejo de los recursos públicos y la responsabilidad de los actores políticos.
La diputada Tamara Ramírez, al proponer el reclamo a la Contraloría, enfatizó que «el estándar de probidad no puede ser un eslogan de campaña que se olvida al llegar a La Moneda». Su afirmación resuena con el descontento general respecto a la falta de coherencia entre las promesas de campaña y la realidad administrativa. La diputada subraya que es imposible que un asesor presidencial ofrezca el nivel de dedicación necesario mientras atiende otras responsabilidades electivas, lo que evidentemente crea un conflicto de intereses.
En apoyo a la crítica, el diputado Fabián Ossandón subrayó la gravedad de la situación, afirmando que la existencia de asesores en funciones duales podría considerar a la administración en una falta grave a la probidad. Ossandón exigió claridad sobre si algún tipo de instrucción fue dada para que estos asesores renunciaran a sus otros cargos al asumir su rol en el Ejecutivo. A la luz de estos hechos, se cuestiona la transparencia del gobierno de Kast y su compromiso con la legalidad administrativa.
El diputado Patricio Briones también se sumó a la crítica, expresando su desilusión con la reiteración de prácticas que socavan la confianza del público. Con un llamado urgente a la Contraloría, solicitó una investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales de estos asesores. Por su parte, Flor Contreras demandó que se determine la responsabilidad de los implicados y se consideren los reintegros de fondos que puedan haber sido percibidos de manera irregular. Esta situación plantea un dilema crucial sobre la ética en el servicio público y las repercusiones que puede tener en la percepción de la ciudadanía hacia su gobierno.
