La reciente intervención de la ministra de Salud, May Chomali, en el Congreso ha sacado a la luz una serie de problemas estructurales que afectan a la gestión del sistema de salud en Chile. En su evaluación, la ministra no dudó en señalar que «nos falta disciplina» en el uso de los recursos, y enfatizó la necesidad de realizar cambios profundos en la administración. Los datos presentados revelan una alarmante situación, como la existencia de más de 33 mil pacientes oncológicos en espera, de los cuales casi 20 mil tienen vencidas sus garantías de atención oportuna, lo que pone en evidencia el incumplimiento del Estado con un compromiso fundamental hacia la salud de la población.
Chomali también enumeró diversos ejemplos de un uso ineficiente de los recursos públicos, tales como la duplicación de registros y sistemas que generan una carga burocrática innecesaria, así como la existencia de contratos irregulares con incrementos de precios injustificados. Además, la ministra mencionó la preocupante situación de sumarios abiertos por años que han permitido que muchos funcionarios continúen recibiendo sueldos sin cumplir con sus responsabilidades, resultando en un derroche de fondos públicos. Este diagnóstico plantea una necesidad urgente de buscar soluciones que revitalicen la administración sanitaria.
Entre las medidas anunciadas, destaca la iniciativa de dar prioridad a un proyecto de ley que busca modificar el sistema de licencias médicas, un aspecto crítico que ha sido objeto de controversia en el debate público. La propuesta de igualar los dos días de carencia para todas las licencias, tanto del sector público como privado, tiene como finalidad reducir el número de licencias cortas, las cuales tienden a ser más frecuentes en el ámbito estatal. La ministra argumenta que es fundamental evitar el uso abusivo de este beneficio, que afecta no solo la eficiencia del sistema sino que también incrementa el costo económico para el Estado.
Asimismo, la reforma plantea cambios en el cálculo del tiempo de cesantía por salud incompatible dentro del sistema estatal, otorgando mayores facultades a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para una mejor regulación y fiscalización de las licencias. Sin embargo, la ministra enfatizó que aún existen otras recomendaciones provenientes de la academia que son necesarias para abordar de manera integral esta problemática, como la modificación del manejo de licencias prolongadas, que representan un porcentaje muy elevado del gasto total en salud.
En conclusión, aunque el proyecto introducido por la administración anterior avanza en la dirección indicada y debe contar con el apoyo de todos los sectores, queda claro que la disciplina en el sector de la salud es urgente. Cada peso malgastado en licencias no justificadas es un peso que se resta de la atención a aquellos que realmente lo requieren. La respuesta a estos desafíos debe ser una prioridad social y política, para garantizar que los recursos destinados a la salud pública sean utilizados de forma óptima y efectiva.
