Paola Basaure Barros es vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Gestión Socioambiental de Transelec, una de las principales empresas de transmisión eléctrica e infraestructura estratégica del país. Basaure cuenta con amplia experiencia en el rubro a cargo de grandes proyectos y liderando equipos multidisciplinarios.
Chile necesita infraestructura capaz de acompañar la transición energética, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo productivo. Reconocer determinadas obras como estratégicas puede ayudar a ordenar prioridades públicas, coordinar instituciones y entregar mayor previsibilidad a su desarrollo, con evaluación ambiental, participación ciudadana y cumplimiento regulatorio como parte de ese mismo proceso.
Pero hay proyectos cuya relevancia supera ampliamente los límites del terreno donde serán construidos.
Una línea de transmisión puede atravesar varias comunas y, al mismo tiempo, resolver una necesidad eléctrica que involucra a una región completa. Una infraestructura de agua puede habilitar nuevas fuentes para una actividad estratégica. Estas son obras localizadas físicamente en determinados territorios y cuyos efectos alcanzan al país en una escala mucho mayor.
Esa condición debería formar parte de la manera en que Chile organiza su desarrollo.
Durante los últimos años he planteado la necesidad de mirar con especial atención aquellos proyectos que resultan necesarios para el funcionamiento y crecimiento del país. En las diferentes instancias profesionales que dieron origen a esta reflexión, he planteado que necesitamos “mirar con lupa” los proyectos que tienen importancia al país, otorgándoles una mirada estratégica dentro de la institucionalidad.
Hablar de proyectos de interés nacional significa, desde mi perspectiva, reconocer esa diferencia y organizar las capacidades públicas de acuerdo con ella.
Interés nacional requiere una razón concreta
La primera pregunta debería ser qué características justifican que un proyecto reciba esta consideración.
Una obra estratégica tiene que demostrar una contribución que vaya más allá del interés particular de quien la desarrolla. En energía, esto puede expresarse en capacidad adicional para transportar electricidad, mayor seguridad del sistema, integración de generación renovable o infraestructura necesaria para avanzar en transición energética.
Como ejecutiva de Transelec, señalé en 2023 en el conversatorio “Necesitamos permiso para desarrollar el país: ¿Cómo avanzamos?”, que los proyectos eléctricos reconocidos como de interés nacional responden a objetivos de desarrollo sostenible y que sus tiempos de avance son relevantes para alcanzar las metas de descarbonización.
Hoy, años después, la idea central sigue vigente: priorizar requiere justificar por qué una determinada infraestructura resulta necesaria para el país.
Ese criterio debería mirar su aporte al funcionamiento de sistemas esenciales, su relación con políticas públicas de largo plazo y las consecuencias que genera postergar su materialización.
Priorizar significa coordinar
Los grandes proyectos interactúan con múltiples organismos, permisos sectoriales, evaluaciones territoriales y procedimientos administrativos. Cada institución cumple una función específica. La coordinación permite visualizar el proyecto completo y ordenar las dependencias entre decisiones.
Esto adquiere especial relevancia en infraestructura lineal, donde una misma obra puede atravesar regiones, comunas, predios, ecosistemas y jurisdicciones administrativas diferentes.
En 2024, Transelec organizó un nuevo encuentro dedicado precisamente a las obras de interés nacional y la institucionalidad ambiental. La discusión reunió a especialistas públicos y privados en torno a la posibilidad de priorizar infraestructura estratégica, incluidas las líneas de transmisión, dentro de los procesos de modernización de permisos.
La política energética actual también recoge esta necesidad. La Ruta Energética 2026-2030 del Ministerio de Energía incluye entre sus acciones la agilización de proyectos y modernización de permisos, con acompañamiento estratégico a proyectos energéticos priorizados y críticos para el sistema.
Existe, por tanto, un espacio para transformar la priorización en gestión concreta.
Agilidad y estándares ambientales forman parte de la misma tarea
Para los expertos del sector, existe una idea que considero fundamental en esta conversación: agilizar un proyecto significa conseguir que las instituciones puedan resolver oportunamente.
Chile cuenta con evaluación ambiental, permisos sectoriales, participación ciudadana y mecanismos de fiscalización que cumplen funciones esenciales. Una política orientada hacia proyectos estratégicos puede trabajar sobre coordinación, claridad de criterios, secuencia de autorizaciones y capacidad institucional para procesar información con mayor oportunidad.
En Transelec hemos llevado esa misma lógica hacia nuestra gestión interna. Desde 2024 contamos con una nueva gobernanza de permisos que distribuye responsabilidades entre distintas áreas y utiliza una matriz RACI para establecer quién participa, ejecuta y responde en cada etapa. Este modelo busca optimizar tiempos y recursos y conectar cumplimiento normativo, gestión ambiental y relación con comunidades.
La experiencia deja un aprendizaje sencillo: la coordinación también puede diseñarse. Lo mismo puede ocurrir a escala pública cuando un proyecto requiere la participación de múltiples organismos.
El territorio tiene que ser protagonista
La condición estratégica de una obra tampoco elimina su dimensión territorial.
En mi experiencia, una de las mejores formas de fortalecer el proceso consiste en incorporar las variables socioambientales desde el inicio. Cuando evaluamos una adquisición, un nuevo proyecto o una obra sobre infraestructura existente, nuestra área participa desde las primeras etapas precisamente para que esos antecedentes lleguen a la toma de decisiones mientras todavía existen alternativas.
El mismo principio se aplica a las comunidades.
El relacionamiento temprano permite conocer usos del territorio, preocupaciones, actividades productivas y elementos que muchas veces requieren ajustes en los proyectos. También entrega tiempo para explicar qué se quiere construir y entender qué preguntas genera esa infraestructura en quienes convivirán con ella.
Y es que una obra de interés nacional sigue siendo una obra situada en un lugar específico. Reconocer ambas escalas permite mejorar el proyecto: comprender su valor para el país y comprender también el territorio donde deberá materializarse.
Chile necesitará construir infraestructura energética durante las próximas décadas. El Ministerio de Energía ya reconoce en su hoja de ruta 2026-2030 la necesidad de acompañar estratégicamente proyectos priorizados y críticos para el sistema energético.
La discusión que sigue es cómo convertir esa prioridad en una práctica institucional consistente. Hablar de interés nacional significa precisamente eso: ser capaces de distinguir las obras que el país necesita, organizar tempranamente a las instituciones que participan en ellas y crear las condiciones para que puedan avanzar con certeza, diálogo territorial y cumplimiento ambiental.
