El escándalo de El Teniente en Codelco representa un fiasco sin precedentes en la historia del gobierno corporativo en Chile, superando incluso al conocido caso de La Polar. Durante 31 meses, altos ejecutivos de la estatal ocultaron zonas de operación que carecían de los permisos necesarios, generando beneficios extra ocultos que ascenderían a aproximadamente US$900 millones. Este encubrimiento permitió a la empresa evitar la supervisión del regulador, que, en teoría, debía salvaguardar los intereses del Estado. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, reflejó la crítica situación al reconocer que Codelco ha aportado más de US$168.000 millones al Fisco en 51 años, pero solo ha recibido un pírrico 3,2% de su inversión de capital. Esta situación revela una falla estructural en la arquitectura de gobernanza que hizo posible el encubrimiento, planteando serias interrogantes sobre la responsabilidad y la eficacia de la supervisión estatal.
El impacto humano del escándalo de El Teniente es innegable y trágico, con la muerte de seis trabajadores —todos subcontratistas— que perdieron la vida trabajando bajo condiciones de riesgo inaceptables. Un dirigente sindical compartió testimonios desgarradores donde se alentaba a los trabajadores a ignorar sus temores y continuar con su labor, insinuando que la urgencia por maximizar la producción estaba por encima de su seguridad. Este enfoque imprudente evidencia cómo la cultura corporativa priorizó el beneficio económico sobre el bienestar de los empleados, revelando una falta de consideración ética y humana que ahora levanta serias preocupaciones dentro de la opinión pública y del propio gobierno.
La evolución del gobierno corporativo de Codelco ha transcurrido por dos etapas claramente diferenciadas, comenzando por la formación del directorio tradicional en 1976, dominado por designaciones políticas y una escasa especialización técnica. La llegada de la Ley 20.392 marcó un avance hacia una gobernanza más profesionalizada, con la inclusión de expertos y la separación de los ciclos políticos en la gestión de la empresa. Sin embargo, la reciente crisis ha demostrado que estos avances no fueron suficientes. A pesar de contar con un marco regulatorio más sólido, la falta de ingenieros de minas en el directorio y la ausencia de un comité de seguridad de proceso han dejado al descubierto una grieta en la supervisión necesaria para prevenir incidentes fatales.
La autocrítica del directorio, que resultó en la desvinculación de responsables y una autodenuncia formal, es un paso importante, pero plantea una pregunta crucial: ¿por qué no se detectaron estas irregularidades antes de que causaran un desastre? Esto pone de manifiesto que la gobernanza formal no garantiza una gobernanza efectiva. A pesar de existir múltiples instancias de supervisión estatal, desde Cochilco hasta el Congreso, ninguna pudo impedir el encubrimiento. Esta falla sistémica se asemeja a la analogía del «queso suizo» de James Reason, donde la combinación de pequeñas fallas en el sistema de control finalmente condujo a una tragedia inevitable.
Para prevenir futuros desastres de esta magnitud, es fundamental que Codelco ingrese a una tercera etapa en su gobernanza, estableciendo un nuevo marco que incluya expertos en minería en el directorio y un comité de seguridad independiente que supervise los procesos. La necesidad de un regulador autónomo es clave para garantizar una supervisión efectiva. Aunque las sanciones a los 37 imputados representan un avance, ello no cambiará la peligrosa arquitectura actual que permitió el encubrimiento. Sin una transformación estructural en la gobernanza, lo que ocurrió en El Teniente podría repetirse, y el costo podría ser nuevamente devastador, especialmente para los empleados más vulnerables.
