La Contraloría General de la República ha revelado una alarmante cifra: más de 106 mil funcionarios municipales no están registrados oficialmente en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER), a pesar de haber recibido remuneraciones de diversas municipalidades entre 2022 y 2023. Este hallazgo se produjo a raíz de un análisis exhaustivo que buscó verificar el cumplimiento de las normativas en cuanto al registro de personal municipal. Las autoridades han expresado su preocupación ante esta situación, ya que no solo pone en tela de juicio la transparencia en el manejo de recursos públicos, sino que también afecta la rendición de cuentas que deben tener las municipalidades ante la ciudadanía.
Para llevar a cabo este análisis, la Contraloría implementó dos estrategias clave. La primera fue el Plan de Monitoreo y Control Municipal, diseñado con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los municipios en relación a la contratación de personal. La segunda estrategia consistió en un análisis comparativo de los datos entre las declaraciones de renta presentadas al Servicio de Impuestos Internos (SII) y la información contenida en el SIAPER. Este enfoque permitió identificar las inconsistencias y confirmar que un porcentaje significativo de los funcionarios empleados por las municipalidades no está debidamente registrado.
De las 345 municipalidades existentes en el país, se determinó que 231 han cumplido correctamente con la obligación de registrar a su personal en el sistema correspondiente. Sin embargo, el estudio evidenció que un preocupante 43% de los actos administrativos en relación a contrataciones no aparecen en la plataforma SIAPER, lo cual genera dudas sobre la veracidad de las nóminas de personal que manejan estas entidades. Las municipalidades de Arica, Caldera y Huara se identificaron como las que reportaron la mayor cantidad de funcionarios no registrados, lo que ha llevado a las autoridades a actuar con mayor rigor en estas localidades.
El informe de la CGR pone en evidencia que entre las municipalidades que tienen un alto número de personas no registradas se encuentran Santiago, Talcahuano y El Bosque. Estas revelaciones han despertado la atención de diferentes sectores de la sociedad, quienes exigen una mayor responsabilidad y transparencia por parte de los gobiernos locales. La falta de registro no solo representa un problema administrativo sino que también impacta en las políticas laborales y en el acceso a derechos laborales básicos para los trabajadores municipales.
En respuesta a estas irregularidades, se espera que la Contraloría implemente medidas más severas en los municipios que no cumplan con sus obligaciones de registro. Esto incluye la posibilidad de sanciones y la obligación de regularizar la situación de los funcionarios afectados. La situación pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sistema de gestión municipal y garantizar así que todos los trabajadores que reciben remuneraciones del estado estén debidamente inscritos y protegidos bajo las normativas laborales vigentes.
