En un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial, la pregunta sobre quién controla nuestra infraestructura digital se vuelve cada día más crítica. Desde decisiones políticas que afectan presupuestos gubernamentales hasta la aprobación de hipotecas, la influencia de la tecnología se siente en cada rincón de la vida cotidiana. A medida que los multimillonarios tecnológicos aumentan su poder y se infiltran en el ámbito político, los gobiernos están comenzando a reconocer los peligros que conlleva una dependencia excesiva de la tecnología. Los expertos abogan por la soberanía digital, un concepto que busca garantizar que la tecnología esté alineada con los valores democráticos y no con los intereses económicos de unos pocos poderosos.
La noción de soberanía digital ha recorrido un largo camino, pasando de ser una idea abstracta a convertirse en un lema político relevante en la última década. Su ascenso ha sido impulsado por importantes eventos globales, como la implementación de políticas proteccionistas en Estados Unidos que restringen el uso de tecnología china, junto a regulaciones de la Unión Europea como el RGPD, que extienden sus normas a nivel internacional. Estos movimientos han hecho que el discurso sobre la autonomía digital y la necesidad de proteger datos y derechos en la comunicación digital cobre mayor importancia, revelando diferencias marcadas en la políticas digitales de las potencias mundiales.
La soberanía digital no debe confundirse con el aislamiento económico. Más bien, consiste en afirmar el control sobre la tecnología en un contexto donde la infraestructura crítica, desde la computación en la nube hasta la inteligencia artificial, está dominada por unos pocos gigantes tecnológicos. Europa, por ejemplo, depende en gran medida de servicios digitales estadounidenses, lo que la hace vulnerable a decisiones políticas en Washington. Esta dependencia podría comprometer la operación de servicios esenciales, como hospitales y redes eléctricas, dejándolos expuestos a riesgos significativos.
Las implicaciones geopolíticas son profundas, especialmente en regiones como América Latina, donde los gigantes tecnológicos establecen un ecosistema que va más allá de una mera relación comercial. Estas corporaciones no solo acumulan datos valiosos, sino que establecen una dependencia continua mediante el control de infraestructuras digitales. Este extractivismo digital plantea un riesgo no solo para la economía local, sino también para la sustentabilidad del planeta, ya que la operación de centros de datos exige grandes cantidades de recursos naturales como electricidad y agua, exacerbando crisis ecológicas y conflictos sociales.
La soberanía digital, que abarca diversos conceptos como la autosuficiencia tecnológica y la soberanía de datos, ha sido convocada por un amplio espectro de actores, desde economías emergentes hasta comunidades indígenas. Aunque críticas han surgido sobre su posible uso como herramienta de proteccionismo, su verdadero objetivo es crear un entorno digital que priorice los derechos de los individuos y la seguridad colectiva. La construcción de una arquitectura digital democrática e internacional, centrada en las personas y en el respeto por el medio ambiente, es clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo en este nuevo contexto digital.
