Un grave incidente de secuestro tuvo lugar el pasado miércoles en la comuna de Estación Central, donde una comerciante peruana fue víctima de un ataque premeditado. La mujer, que se dedica a la venta de ropa, fue raptada alrededor de las 19:30 horas cuando regresaba a su hogar junto a su pareja en motocicleta. Al llegar a la intersección de las calles 5 de abril con Jotabeche, un automóvil blanco la interceptó, y cuatro individuos armados la amenazaron, obligándola a subir al vehículo a la fuerza. Este penoso suceso dejó a la madre de la víctima sumida en la desesperación, con mensajes de amenaza que incluían «La vamos a matar» como parte de la intimidación continua contra su familia.
Tras el secuestro, la Fiscalía ECOH inició de inmediato una investigación, asignando el caso a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI). En cuestión de horas, los investigadores lograron localizar a la mujer retenida en un domicilio en Cerro Navia, aproximadamente a las 16:00 del día siguiente. Allí, encontraron a los cuatro presuntos autores del delito, quienes fueron aprehendidos en flagrancia, siendo claves la revisión de las cámaras de seguridad y la georreferenciación de un teléfono usado para extorsionar a la madre.
Los detenidos fueron identificados como Jorge Giovanni Badilla Molina, Rodrigo Enrique Droguett Flores, Fabián Roberto Solano Villarreal y un menor de edad conocido como J.Z. Durante la formalización de cargos, que se realizó a puerta cerrada debido a la edad del menor, se presentaron pruebas contundentes que indican que el acto delictivo había sido planificado con anticipación. Los investigadores encontraron en poder de los captores un arma de fuego con el número de serie borrado, así como otra de aire comprimido, lo cual revierte la gravedad de la situación.
A pesar de los intentos de los defensores por retrasar los procedimientos legales alegando falta de acceso a la carpeta investigativa, el fiscal Leonardo Tapia solicitó la prisión preventiva para los adultos y la internación provisoria del menor. Finalmente, la jueza Marcia Figueroa decidió conceder estas medidas cautelares, fijando un plazo de 90 días para la investigación. Tapia también subrayó la intención de tratar a los imputados como parte de una banda delictual con una clara estructura y planificación detrás de los secuestros, lo que pone en alerta a las autoridades sobre la creciente organización delictiva en la zona.
El desenlace feliz del caso, en el que se confirmó que la víctima se encuentra sana y salva, fue recibido con alivio por parte de las autoridades. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó la efectividad de las operaciones policiales que permitieron la liberación de la comerciante sin que se registraran heridos. El suceso ha generado un debate sobre la seguridad en las calles y la creciente preocupación por el crimen organizado, llamando a la sociedad y a los cuerpos de seguridad a mantener una vigilancia activa para prevenir futuros incidentes.
