La mañana de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Valparaíso anunciaron la detención de nueve personas involucradas en un robo millonario a una sucursal del banco Itaú, que tuvo lugar en julio de 2025. Este asalto, que dejó su huella en la ciudad porteña al sustraer más de $6 mil millones, fue el resultado de una investigación que se extendió por 13 meses, tiempo en el que el equipo especial de la PDI utilizó diversas técnicas para dar con los responsables de este crimen altamente calculado.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, destacó que todos los detenidos son chilenos, pero no pertenecen a la región de Valparaíso, sino que viajaron desde Santiago con un plan bien definido para llevar a cabo el robo. «Se organizaron con anticipación para lograr una operación que fue meticulosamente planificada», afirmó Perivancich, subrayando que utilizaron medios sofisticados para eludir las barreras de seguridad del banco. Esto pone de manifiesto la creciente preocupación por la actividad delictiva organizada que cruza las fronteras regionales.
Uno de los elementos más impactantes del caso es la implicación de un funcionario del banco, un ingeniero informático que, según las autoridades, utilizó su conocimiento técnico para vulnerar los sistemas de seguridad internos, facilitando así el ingreso de los delincuentes. El subprefecto Julio Máspero Villalobos, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (BIRO) de Valparaíso, comentó: «Este insider permitió que las personas ingresaran al banco sin levantar sospechas, lo cual es alarmante y pone en riesgo la integridad de los sistemas de seguridad de otras instituciones bancarias».
Para llevar a cabo el asalto, los delincuentes utilizaron un camión tolva que sirvió como herramienta para obstruir la visibilidad de las cámaras de seguridad. La incautación de este vehículo ha sido clave en la investigación, así como la recopilación de pruebas digitales que corroboran la participación activa de los detenidos en la ejecución del robo. De los nueve arrestados, seis fueron identificados como los principales ejecutores del asalto, mientras que los otros tres serían cómplices que habrían obtenido beneficios económicos tras la perpetración del crimen.
Los formalizados enfrentarán cargos por Asociación Criminal, robo y delitos informáticos, y la fiscalía ya ha indicado que solicitará la prisión preventiva para todos los implicados. Esta situación pone en el centro del debate la necesidad de reforzar la seguridad en las instituciones bancarias y de establecer protocolos más estrictos para prevenir la complicidad interna que puedan facilitar este tipo de delitos. La comunidad espera que las autoridades implementen medidas efectivas para evitar la repetición de incidentes semejantes que afectan la confianza pública en el sistema financiero.
