La Corte Suprema de Chile ha iniciado la revisión de los cuadernos de remoción para 58 jueces, aunque actualmente solo 53 están bajo análisis, ya que cinco de ellos han logrado aplazar sus procesos al presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. Esta situación se origina debido a que algunos magistrados viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, sin haber podido justificar adecuadamente sus acciones. Este hecho es notable, ya que representa la primera vez que una cantidad tan significativa de jueces se enfrenta a un procedimiento de remoción, lo que podría afectar gravemente la imagen y funcionamiento del Poder Judicial en el país.
La llegada a esta etapa de revisión ha sido complicada, con una fuerte oposición por parte del gremio de magistrados, que argumentan que se está vulnerando el principio de cosa juzgada. Según los críticos, los casos en cuestión ya fueron evaluados por cortes de apelaciones, por lo que reabrirlos debilitaría la certeza jurídica. Además, la intervención de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados resalta la gravedad del asunto, al afirmar que estas acciones contra los jueces se basan en conductas que no son consideradas faltas disciplinarias bajo la legislación chilena.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha jugado un papel crucial al proponer la revisión de las remociones, invocando el artículo 80 de la Constitución, que otorga al máximo tribunal la facultad de ejercer una superintendencia correctiva. Chevesich argumenta que el Poder Judicial tiene la obligación de rectificar todo mal comportamiento que comprometa su imagen y credibilidad, enfatizando que la confianza en el sistema de justicia es fundamental para su operación.
En este contexto, no resulta válido rechazar los procesos de remoción bajo el argumento de que el artículo 80 no especifica qué constituye un buen comportamiento, o que no existe una instancia adicional de apelación. Históricamente, estos procedimientos se han seguido en los casos donde se pone en entredicho la integridad de los jueces, y la Corte Suprema tiene la última palabra en materia correctiva. Así, la revisión de los sumarios realizados no solo es justificada sino necesaria.
La crisis de confianza en el sistema judicial chileno es alarmante, como lo indica un reciente estudio de Cadem que revela que más del 80% de la población desconfía del sistema de justicia. Con un 75% de los encuestados calificando la justicia con notas entre 1 y 4, es crucial que se tomen medidas rigurosas contra aquellos jueces que han abusado de sus licencias médicas. La respuesta del Poder Judicial en estos momentos es vital, no solo para restaurar la fe pública en sus instituciones, sino también para garantizar que se mantenga un estatus moral elevado dentro de la judicatura.
