Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla, Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao, han presentado una controvertida propuesta para asignar solamente $1.000 al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el presupuesto del año 2027. Esta medida, que forma parte de la tramitación de la Ley de Presupuestos, busca presionar para el cierre del organismo a menos que se logre avanzar en la modernización de su gobernanza. Los parlamentarios consideran que la responsabilidad del Congreso es abordar esta situación de manera urgente, argumentando que mientras no haya cambios significativos, no se debe continuar financiando el funcionamiento del INDH, una institución que, según ellos, ha perdido su camino.
Los legisladores han expuesto una serie de controversias en las que ha estado involucrado el INDH en los últimos años, lo que justifica su propuesta de recorte presupuestario. En particular, mencionaron la gestión del instituto durante el estallido social de 2019, así como la toma de su sede principal en Santiago, que duró más de ocho meses. Además, hicieron hincapié en la participación del INDH en el proceso de pensiones de gracia, señalando casos en los que no se habría acreditado la calidad de víctima de los beneficiarios, lo que a su juicio evidencia un desvío en sus funciones originales.
Otro punto de controversia mencionado por los diputados es la visita del INDH a uno de los implicados en el homicidio de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme. Este tipo de acciones ha multiplicado los cuestionamientos sobre la imparcialidad y efectividad del instituto en su labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Chile. Los parlamentarios también criticaron la postura del director del INDH, Yerko Ljubetic, quien se ha opuesto a proyectos de ley relevantes como la Ley Naín-Retamal, además de sus reservas en relación con la iniciativa que sanciona los rayados, calificándola de una “criminalización de la expresión artística”.
Los recursos económicos destinados al INDH también están bajo el escrutinio de los legisladores. De acuerdo con sus afirmaciones, el organismo ha utilizado $250 millones en financiamiento y necesidades técnicas de actividades oficiales obligatorias, así como más de $60 millones en viajes al extranjero desde 2022, de los cuales una parte significativa correspondería a viáticos. Los diputados sostienen que estas cifras revelan un uso cuestionable de fondos públicos en una institución que, en su opinión, debería estar enfocada en las necesidades más urgentes de los derechos humanos en el país.
Por último, los diputados de la UDI subrayaron la defensa que el INDH llevó a cabo en favor de diputadas de los partidos Comunista y Frente Amplio que se negaron a someterse a pruebas de drogas ordenadas por la Cámara, un hecho que según ellos refleja la pérdida de rumbo del organismo. En este contexto, afirmaron que no es suficiente con un cambio superficial en la estructura del INDH, sino que se requiere una transformación profunda que reoriente su misión y funciones, considerando las numerosas polémicas que han rodeado su accionar en los últimos años.
