Los gremios empresariales del país han expresado una valoración positiva ante el reciente anuncio del plan laboral «Chile despega con más pega» del gobierno, liderado por el Presidente José Antonio Kast. Este ambicioso proyecto, que prevé movilizar $1,3 billones (aproximadamente US$ 1.350 millones) para la generación de más de 100 mil empleos, ha sido visto como un paso necesario para abordar la crisis laboral actual. No obstante, las principales organizaciones, incluyendo la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Multigremial Nacional, argumentan que esta medida debe ir acompañada de otras iniciativas legislativas que faciliten las contrataciones y brinden mayores certezas a los inversionistas.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que las medidas propuestas son un avance, especialmente en lo que respecta a la aceleración de la inversión pública y el apoyo a la contratación con subsidios. Sin embargo, subrayó que es crucial aspirar a más que los 100 mil new puestos de trabajo planteados por el gobierno, dado que cerca de un millón de personas siguen buscando empleo. Jiménez hizo hincapié en la importancia de proteger la inversión pública en el Presupuesto de 2027 y mejorar la ejecución de proyectos que puedan generar un mayor número de empleos, así como en la necesidad de avanzar en leyes que faciliten la contratación.
Raimundo Rencoret, presidente de la CChC, también consideró una señal positiva la movilización de recursos para la creación de empleo, resaltando la capacidad del sector de la construcción para generar puestos laborales de manera rápida y efectiva. Sin embargo, Rencoret enfatizó que este esfuerzo debe complementarse con una agenda más amplia que promueva el crecimiento y la inversión a largo plazo. Para él, la recuperación del empleo requiere una acción coordinada en varias áreas, incluyendo la atención a la emergencia laboral y el impulso a la inversión tanto pública como privada.
Desde la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett subrayó la importancia de que los recursos del fondo de capitalización Fogape lleguen efectivamente a las pequeñas empresas, advirtiendo que deben eliminarse las barreras de acceso que impiden a estos negocios obtener el capital necesario para operar. También sugirió la creación de un estatuto integral para las pymes, que abarque aspectos como el financiamiento y la simplificación de trámites, afirmando que es fundamental que estas empresas estén involucradas desde la fase de diseño hasta la implementación de las medidas.
Finalmente, el presidente de la SNA, Antonio Walker, enfatizó la necesidad de rapidez en la implementación de las medidas y el consenso político para promover el empleo como prioridad nacional. Más de un gremio ha coincidido en la urgencia de avanzar en cambios legales que faciliten la contratación laboral, apuntando a la flexibilización de contratos y posibles adaptaciones según las demandas de los distintos sectores económicos. José Pakomio, presidente de la CNC, también hizo eco de esta necesidad, resaltando que es fundamental crear condiciones que hagan más accesible y predecible la contratación formal, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que enfrentan desafíos significativos en el entorno económico actual.
