La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, ha expresado la determinación del gobierno de avanzar en el proyecto que lleva a cabo el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al Fondo Autónomo Previsional (FAPP), a pesar de las críticas formuladas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En un encuentro reciente con la comisión de Hacienda del Senado, Cabezón anunció la propuesta de indicaciones que se presentarán al proyecto, que busca facilitar la transición del SIS hacia un sistema autogestionado que pretende mejorar la seguridad social en el país. El gobierno ha enfatizado que este traspaso es esencial para avanzar hacia una gestión previsional que responda a las necesidades de los afiliados y que garantice la sostenibilidad del sistema.
La Ley de Reforma Previsional, aprobada en 2023, establece que a partir de agosto de 2026, el SIS comenzará a formar parte de las prestaciones del Seguro Social. Este cambio implica que la prima de los empleadores, que actualmente oscila entre el 1,3% y 2,3% de la renta imponible, ahora estará destinada al FAPP. Cabezón aclaró que la reforma incluye una cotización del 2,5% destinada a financiar no solo este seguro, sino también compensaciones por la mayor expectativa de vida de las mujeres. Esta medida surge como respuesta a las críticas construidas por las AFP, que argumentan que la reforma no cumpliría con las promesas encabezadas en la ley original.
Los cuestionamientos de las AFP se tornan relevantes, sobre todo tras el alegato de Paulina Yazigi, ex presidenta de las AFP, quien destacó que el proyecto actual no garantiza el «pleno traspaso» de competencias al Seguro Social y advierte sobre la necesidad de asegurar que las AFP mantendrán un rol operativo en la gestión del SIS. La subsecretaria Cabezón defendió el enfoque del Ejecutivo, resaltando que la administración de las comisiones médicas, las cuales evalúan las pensiones de invalidez, debería permanencer en poder de las AFP, dado que estas comisiones involucran a afiliados cubiertos y no cubiertos por el seguro.
A medida que el debate avanza en el Senado, el senador Javier Macaya (UDI) manifestó su preocupación sobre la capacidad del gobierno para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley. Argumentó que las dudas no deben centrarse solo en la disponibilidad de recursos, sino también en la gestión efectiva y transparente del nuevo sistema. La subsecretaria subrayó la complejidad del traspaso operativo y explicó que se necesita tiempo para desarrollar una comprensión adecuada de las funciones que serán transferidas al Instituto de Previsión Social (IPS). Esto podría requerir un enfoque gradual, con inversiones adicionales en capacitación y recursos humanos.
Finalmente, Cabezón anunció que el gobierno está trabajando en dos puntos clave que influirán en las indicaciones propuestas: el traspaso de las reservas especiales y la definición de responsabilidades operativas entre las AFP y el IPS. Destacó que las reservas pueden ser retenidas temporalmente en las AFP para garantizar la cobertura de cualquier rezago en los siniestros, así como revisar situaciones que podrían contradicir la nueva legislación de pensiones. Con la presión temporal para que la licitación del SIS sea ejecutada por el FAPP a partir de 2027, la subsecretaria se comprometió a acelerar la entrega de estas indicaciones, precisando su deseo de que el proyecto sea aprobado a más tardar a fin de año.
