La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 24 de agosto de 2023 medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, y a Karin Herrera Aguilar del partido Movimiento Semilla, tras el aumento de amenazas a sus vidas. Esta decisión se tomó en respuesta a una solicitud presentada el 24 de julio por Alfredo Ortega Franco y Christian González Chacón, quienes advirtieron sobre un peligro inminente al que se enfrentaban ambos políticos. Según los solicitantes, el estado guatemalteco debe adoptar medidas inmediatas que garanticen la protección de estos líderes ante la situación alarmante que enfrentan en el contexto político actual del país.
Las preocupaciones sobre la seguridad de Arévalo y Herrera se intensificaron después de que su equipo de seguridad recibiera información acerca de un posible complot de asesinato. Esta información fue calificada como de »alto riesgo», y señala que elementos del Estado y actores externos estarían involucrados. La existencia de un plan denominado ‘Colosio’, que hace referencia al asesinato del político mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994, fue mencionada como una posible amenaza estructurada contra Arévalo. Esta situación revela un panorama alarmante sobre la estabilidad política y los derechos humanos en Guatemala, poniendo de relieve la vulnerabilidad de los líderes políticos en el país.
El caso de Luis Donaldo Colosio es emblemático en la historia política de Latinoamérica y actúa como un sombrío reflejo de la actual crisis de seguridad en la región. Colosio, quien fue candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Tijuana, un evento que ha suscitado múltiples teorías de conspiración y desconfianza en respecto a la verdad oficial de su muerte. El hecho ha sido objeto de análisis en diversas producciones audiovisuales, evidenciando la persistente relevancia de este magnicidio en la memoria colectiva de México. El contexto que rodea el atentado contra Arévalo resuena con las inquietudes surgidas tras la trágica historia de Colosio.
El asesinato de Colosio marcó un antes y un después en la relación entre la política y la violencia en México. Aunque en su momento, Mario Aburto Martínez fue detenido como autor material, las sospechas sobre un complot más amplio han perdurado en el tiempo, llevando a diversos gobiernos y organizaciones a reabrir el caso y exigir justicia. La actual reactivación de este caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2022, resalta la necesidad de esclarecer un crimen que afectó profundamente la confianza ciudadana en las instituciones políticas. De igual manera, la situación que enfrenta Arévalo subraya la continuidad de estas dinámicas violentas en toda la región y la importancia de la protección de los líderes políticos ante potenciales ataques.
Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH son un reflejo de la urgencia en la protección de los derechos humanos y la integridad de los líderes políticos frente a un panorama de violencia sistemática. Las amenazas contra Arévalo y Herrera no son un caso aislado en Guatemala, donde la violencia política ha sido una constante en años recientes. Las instituciones guatemaltecas deben actuar con responsabilidad en la adopción de medidas de protección, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de la situación. Al poner en el centro la seguridad de estos líderes, la CIDH destaca la necesidad de un compromiso claro de Guatemala hacia la defensa de la democracia y el respeto por los derechos humanos en su territorio.
