La semana pasada, el Ministerio de la Mujer presentó en la Cámara de Diputados el esperado proyecto de Ley Cautelares Reforzadas, el cual tiene como objetivo primordial fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y agresiones. Este proyecto surge como respuesta a la creciente preocupación ante el alarmante número de femicidios registrados en el país, donde las cifras del informe de 2024 revelan que el 20,8% de los femicidios ocurrió a manos de agresores que contaban con medidas cautelares vigentes pero que, desafortunadamente, fueron incumplidas. La subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael, enfatizó la urgencia de implementar un marco legal que permita monitorear y garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales, protegiendo de esta manera a quienes están en riesgo.
En una reciente conversación con _Desde la Redacción_ de **La Tercera**, Raphael brindó detalles sobre las principales características del proyecto. Este se fundamenta en cinco ejes estratégicos, que incluyen la protección continua en el trabajo conjunto entre tribunales, la clasificación del hostigamiento digital como medida cautelar, y un aumento en la fiscalización y control sobre las medidas cautelares impuestas. Además, se contempla la prisión preventiva para aquellos que no respeten estas medidas y la designación de jueces preferentes en los casos de VIF. Raphael ha dejado claro que la iniciativa se orienta hacia un futuro donde la justicia no solo reacciona, sino que actúa proactivamente para proteger a las víctimas.
La subsecretaria explicó que uno de los puntos críticos del proyecto es garantizar que los tribunales cuenten con información sólida y verificada, lo que les permitiría solicitar prisión preventiva en casos donde los riesgos son alarmantes. Actualmente, muchas víctimas continúan sometidas a situaciones de peligro, ya que las medidas cautelares no son efectivas si no se respeta la prohibición de acercamiento. Con este nuevo marco legal, la intención es que la justicia pueda actuar antes de que ocurran tragedias, fortaleciendo la protección de las mujeres que enfrentan violencia.
Además, uno de los aspectos que más preocupa a la subsecretaria es el uso de la tobillera electrónica como herramienta de seguimiento. Según la normativa actual, este dispositivo solo puede ser instalado una vez que el agresor ha sido formalizado, lo que genera un vacío legal que podría poner en riesgo a las víctimas. Con el nuevo proyecto de ley, se busca que la instalación de la tobillera pueda realizarse incluso antes de la formalización, siempre que exista evidencia sólida que justifique esta medida. Raphael enfatizó que permitir un seguimiento más proactivo podría salvar vidas.
Por último, Marcia Raphael abordó el tema del daño a la tobillera electrónica, subrayando que actualmente solo se tipifica como un daño material, sin valorar las implicaciones para la seguridad de la víctima. El daño intencional a estos dispositivos podría interpretarse como un intento de violar la protección establecida, lo que debería conllevar consecuencias más severas, incluyendo la detención preventiva del agresor. La subsecretaria concluyó que fortalecer estas medidas es vital en la lucha contra la violencia de género y para asegurar que las víctimas se sientan respaldadas y protegidas frente a una amenaza tan grave.
