Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago han expresado su firme apoyo a las acciones emprendidas por Bolivia en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Esta declaración conjunta se produce en medio de la reciente detención del fiscal general del Estado boliviano, Róger Mariaca, quien ha sido sancionado por Washington debido a presuntas vinculaciones con actividades ilícitas. En el contexto de la creciente preocupación por el narcotráfico en la región, estos países han decidido unirse para hacer un llamado a la cooperación y el compromiso en la lucha contra estas prácticas que amenazan la seguridad y democracia de los Estados miembros.
En el comunicado emitido por el Departamento de Estado de EE.UU., los 15 países del denominado Escudo de las Américas felicitan al Gobierno boliviano por las medidas adoptadas que buscan desmantelar las redes de narcotráfico y exigir responsabilidad a quienes facilitan su actividad. Esta unión internacional no solo resalta el apoyo a las acciones específicas contra el crimen organizado, sino que también subraya la importancia de mantener la legitimidad de los gobiernos democráticos en la región ante el avance de redes delictivas que buscan socavar la institucionalidad.
Asimismo, los gobiernos firmantes han instado a Bolivia a seguir llevando a cabo investigaciones exhaustivas y a judicializar a aquellos involucrados en estructuras criminales. Las recientes operaciones policiales, que han girado en torno a altos funcionarios tanto del presente como del pasado, son vistas como un compromiso serio en la lucha contra el narcotráfico. El mensaje es claro: la cooperación entre naciones es fundamental para confrontar el desafío que representa el tráfico de drogas y sus aliados dentro de las instituciones gubernamentales.
El comunicado hace hincapié en que estas acciones envían un «mensaje contundente» tanto al interior de Bolivia como a toda la región, reafirmando que los gobiernos democráticos no tolerarán la infiltración de organizaciones criminales en sus estructuras. Es evidente que la crisis del narcotráfico no solo es un problema de un país, sino que requiere una respuesta concertada de todos los países afectados, para salvaguardar la democracia y la seguridad pública en el hemisferio.
La detención de Mariaca y otros altos funcionarios plantea también interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad del Estado boliviano. Desde la Fiscalía General de Bolivia, se ha denunciado lo que consideran un «secuestro» y una violación de los derechos personales del fiscal. Este hecho se produce en una atmósfera de creciente tensión entre Bolivia y Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a varios funcionarios bolivianos por supuestas corruptelas. Las circunstancias que rodean esta situación resaltan la complejidad de una lucha que no solo es contra el narcotráfico, sino también por el respeto a la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales.
