El gobierno chileno ha decidido extender hasta el 31 de marzo de 2027 el congelamiento de los precios de los combustibles, una medida que tiene como objetivo mitigar las tensiones en el sector del transporte, especialmente entre los camioneros que han manifestado su descontento ante el aumento de los precios del diésel y la gasolina. Este congelamiento implica que, durante este período, los precios de los combustibles solo podrán permanecer iguales o disminuir, conforme a un acuerdo establecido con los camioneros. Si algún precio bajara y luego se ajustara al alza, este nuevo precio no podrá ser superior al límite fijado tras las reducciones actuales, es decir, determinados rangos de precios que se han acordado en el marco de la negociación.
El anuncio de esta medida fue precedido por intensas negociaciones entre el gobierno y las asociaciones de camioneros, quienes inicialmente rechazaron la propuesta original del ejecutivo, considerándola insuficiente. En respuesta, el gobierno incrementó la reducción propuesta, que pasó a incluir una disminución adicional en el precio del diésel de 100 pesos por litro. Como resultado de estas negociaciones, se logró ampliar el plazo del congelamiento de precios, brindando una temporalidad que ayudará a los transportistas a adaptarse a la situación del mercado sin la presión inmediata de un aumento en sus costos operativos.
El costo fiscal de estas medidas se calcula en torno a 900 millones de dólares, un aumento significativo respecto a los 500 millones inicialmente proyectados en el proyecto de ley. Este costo se divide en ingresos fiscales que se dejarán de percibir, lo que se estima repercutirá negativamente en las arcas del Estado durante el próximo año. Sin embargo, el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha señalado que este gasto es manejable y no alterará los objetivos fiscales del gobierno, argumentando la importancia de la responsabilidad fiscal a largo plazo a pesar del impacto inmediato del congelamiento.
Entre las modificaciones, también se prevé un aumento en el porcentaje de devolución del impuesto específico al diésel para los transportistas de carga, lo que busca ofrecer un alivio adicional a este sector. Esto incluye ajustes en los contribuyentes según sus ingresos anuales, así como mejoras en la compensación por peajes. Estas iniciativas se orientan a facilitar la viabilidad económica de los camioneros y fomentar la continuidad de sus operaciones en un periodo de alta volatilidad en los costos de los combustibles.
Sin embargo, el establecimiento del congelamiento de precios no implica el desapego de los precios internacionales, sino más bien una medida temporal destinada a mitigar el impacto de los shocks externos en la economía interna. El gobierno enfatiza que estas acciones buscan equilibrar la protección del consumidor y la actividad productiva, y mientras persistan las incertitudes sobre los mercados internacionales, la estrategia es aprovechar el margen fiscal disponible para ayudar a los sectores más afectados durante este periodo crítico.
