Con el inicio de un nuevo curso escolar en varias comunidades autónomas de España, se ha tomado la decisión de reducir el tiempo dedicado al uso de pantallas en las aulas. Esta medida responde al Informe del Comité de Expertos para la Creación de Entornos Digitales Seguros para la Infancia y la Juventud, que ha evidenciado un significativo riesgo para la salud mental y el desarrollo de los niños y adolescentes. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, las escuelas continúan sin abordar adecuadamente el uso de las redes sociales y la publicación de imágenes de sus alumnos. Esta falta de acción resulta contradictoria, ya que, por un lado, se busca prevenir la dependencia de las redes, mientras que por otro, se critica su uso, creando en los jóvenes una percepción distorsionada y positiva sobre las mismas.
La motivación detrás de compartir imágenes de los estudiantes en las redes sociales parece ser la promoción de una imagen favorable del centro educativo ante la comunidad. Pese a que esta práctica puede estar bien intencionada, se trata de una acción de marketing más que de una estrategia educativa. Exponer a los menores en internet conlleva riesgos, como la posibilidad de que depredadores utilicen estas imágenes y localicen a los niños en redes sociales. Esta acción también refuerza una concepción positiva hacia las redes, lo cual contradice el enfoque preventivo que se busca instaurar en el ámbito escolar.
Además, es importante tener en cuenta las implicaciones que la reutilización de las imágenes puede tener en la identidad digital de los estudiantes. Dicha exposición no consensuada puede dar pie a situaciones de acoso entre iguales, especialmente si en las imágenes se reflejan aspectos que puedan resultar ridículos o criticables. En este sentido, es fundamental que la sociedad reciba información adecuada que permita tomar decisiones informadas, comenzando por la comprensión de los formularios de consentimiento que se envían a los hogares al inicio de cada curso.
Los centros educativos deben recordar que no existe justificación académica para captar y compartir imágenes de los menores sin el consentimiento explícito de los padres. La legislación en materia de protección de datos estipula que el interés superior del menor debe ser siempre la prioridad, lo que implica que, a falta de autorización, no se debe publicar ningún contenido que involucre a los alumnos. Esto contrasta con la escasa presencia de imágenes de menores en medios convencionales, que solo las utilizan en casos donde el interés público es evidente.
Finalmente, si se debe realizar cualquier actividad que implique la captación de imágenes con fines educativos o promocionales, esta debe estar debidamente registrada y supervisada, garantizando el cumplimiento de políticas de privacidad y las obligaciones de seguridad. Es vital que, independientemente del propósito, se obtenga el consentimiento de los responsables parentales y que se pacten acuerdos de confidencialidad para asegurar que las imágenes no sean compartidas de manera inapropiada. La captación de imágenes con fines de recuerdo escolar es aceptable, siempre que se respeten estas directrices y se priorice la privacidad y la seguridad de los menores.
