El diputado Agustín Romero, miembro del Partido Republicano, ha defendido con firmeza la decisión de presentar una acusación constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric. Romero argumenta que el error en la proyección de la deuda pública para el periodo 2026-2030 debe ser atribuido a la gestión de Grau. Durante su intervención en el programa _Desde la Redacción_ de La Tercera, el parlamentario insistió en la importancia de que las autoridades rindan cuentas por sus acciones, enfatizando que no se trata de un asunto personal, pues guarda simpatía por el exministro, sino de una necesaria responsabilidad política ante una gestión económica que él considera deficiente y negligente.
Romero no dudó en emplazar a sus compañeros de la coalición Chile Vamos, instándolos a unirse a lo que él considera una ofensiva justificada. Resaltó que los parlamentarios que no se alineen con esta iniciativa tendrán que rendir cuentas ante sus electores. El diputado cree que la presión que enfrenta el gobierno en relación con la gestión pasada y las proyecciones erróneas es suficiente para llamar a la acción y realizar cambios significativos. Este llamado a la unidad entre las fuerzas políticas del sector es clave, especialmente en un contexto donde se está debatiendo la megarreforma que busca transformar el panorama económico del país.
A pesar de las advertencias del ministro Claudio Alvarado, quien sugirió que la acusación podría poner en riesgo la tramitación de la megarreforma en el Senado, Romero se mantuvo firme en su postura. Argumentó que las autoridades deben ser responsables de sus actos independientemente del momento político. Él sostiene que la responsabilidad no debe ser un tema negociable, y que el exministro Grau debe ser llevado al Congreso para rendir cuentas. Esta perspectiva de Romero representa una línea divisoria clara entre aquellos que apoyan la gestión del gobierno actual y los que cuestionan su eficacia.
El diputado también abordó la falta de consenso en torno a la acusación constitucional, reconociendo que dentro de su bancada hay quienes pueden tener dudas, pero reafirmó la intención de seguir adelante con el proceso. La posibilidad de un acuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario para presentar un libelo conjunto fue vista como una forma de consolidar esfuerzos. Sin embargo, la respuesta de Chile Vamos sigue siendo incierta, lo que añade un nivel de complejidad a la estrategia política que busca conseguir los votos necesarios para avanzar con la acusación.
Finalmente, Romero hizo un llamado claro a Chile Vamos, instándolos a posicionarse como defensores de la responsabilidad política. Aseguró que, independientemente de la falta de apoyo de algunos sectores, la acusación se presentará porque es lo que consideran necesario. Esta firmeza de Romero subraya una creciente tensión dentro de la política chilena, donde las diferencias ideológicas y la urgencia de abordar problemas económicos críticos se entrelazan con las dinámicas de poder en el Congreso, dejando un futuro incierto tanto para la acusación como para la megarreforma en discusión.
