La Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), principal organismo representante de los agricultores chilenos, ha dicho que la industria está en «alerta roja» por la actual crisis del agua y los impactos en el cambio climático.
Este año, el país ha registrado el mes de julio más seco de la historia.
«Hay una especie de estado de shock en el mundo agrícola y frutícola ante este tremendo problema», dice Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta.
«El sector frutícola genera hoy en día unos 700.000 puestos de trabajo, y si esta situación continúa habrá zonas que dejarán de producir fruta o producirán menos por la disponibilidad de agua», añade. «Ante esta situación, los agricultores chilenos tendrán que decidir qué cultivar y qué no».
Los productores de la norteña Región de Coquimbo se ven particularmente afectados, ya que no se cumple con el requerimiento mínimo de agua para los cultivos, dijo.
La adaptación a la nueva realidad
Fedefruta dijo que entre los desafíos está la necesidad de adaptarse a la menor disponibilidad de agua y a la inestabilidad de la temperatura. El sector también debe ser más resistente a los fenómenos climáticos, como las lluvias estivales de este año, que afectaron a las cosechas de uva de mesa y fruta de hueso, dijo.
«Tras el informe del IPCC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático], y a la vista de lo que vemos a diario en las zonas rurales de forma cada vez más acentuada, el cambio climático trae consigo muchas incertidumbres para el futuro, y consecuencias de las que todos en el mundo debemos hacernos responsables», dijo Valenzuela. «En un escenario así, nuestra labor es proporcionar seguridad alimentaria, pero es un trabajo que sólo podemos hacer si todos nos implicamos».
Las propuestas de los agricultores chilenos
Entre las medidas que proponen los agricultores chilenos está el diseño de una política pública que trascienda a los gobiernos y refuerce las medidas de apoyo al sector.
También que el Estado financie plantas desalinizadoras para asegurar el consumo humano, la alimentación y las actividades productivas, y que implemente las modificaciones necesarias para la reutilización del agua en las zonas más afectadas.
«Si no atendemos estas necesidades urgentes por la sequía, sólo conseguiremos sumir más en la precariedad a las zonas rurales, que llevan muchos años desatendidas», añade Valenzuela.
«Esta crisis no sólo afecta a los pequeños y medianos agricultores, sino también a miles de familias que dependen de la producción de alimentos y que viven en el campo».
