En su reciente columna, el exministro Hernán Larraín ha levantado la voz en defensa de una propuesta legislativa que busca derogar la Ley 19.856, la cual permite la reducción de condenas. Larraín advierte que esta iniciativa no solo perpetúa una serie de errores acumulados en el sistema penal chileno, sino que podría empeorar el problema de la delincuencia. Esta declaración pone de manifiesto la necesidad de abordar el tema con la cautela que merece, ya que la reinserción social de los condenados y la protección de las víctimas deben ser prioridades en cualquier reforma legislativa.
El foco principal de Larraín se centra en el funcionamiento actual de la ley que se propone derogar. Al aplicar una reducción de condena, el condenado puede considerar que ha cumplido su pena, poniendo en riesgo la supervisión que debería mantenerse en ciertos casos. Esta falta de control hace que, en caso de reincidencia, no se pueden aplicar sanciones, lo que contribuye a una percepción de justicia ineficaz en la sociedad. Según Larraín, es fundamental que cualquier reforma que se discuta considere estos aspectos para evitar frustraciones tanto para las víctimas como para la comunidad.
La ampliación de las exclusiones a otros delitos, también planteada en el debate, tampoco es vista como una solución viable. La reforma de 2022, de la cual Larraín fue parte como ministro, generó una controversia considerable en cuanto a su aplicación y los fallos obtenidos en los tribunales fueron dispares. Esta situación evidencia una crisis en la que la práctica de la justicia no debe ser sometida a confusiones, sino que debe ser clara y coherente. El cambio legislativo debe enfocarse en brindar soluciones efectivas que aseguren una mayor consistencia en las respuestas judiciales.
Al afirmar que derogar la Ley 19.856 no implica renunciar a la reinserción de los condenados, Larraín subraya un punto crucial: los permisos de salida y la libertad condicional seguirán existiendo. Estos mecanismos estarán sujetos a exigencias como un informe psicosocial, garantizando así que el proceso de reintegración no sea arbitrario. Además, la participación de las víctimas se considera esencial, pues les otorga voz y perspectiva en un proceso que a menudo les es ajeno. La distinción que se hace entre incentivos a la reinserción y la extinción anticipada de condenas sin supervisión es vital para la credibilidad del sistema legal.
Cristián Vial Maceratta, actual senador de la República, respalda esta iniciativa al considerar que se busca cortar de forma decisiva con el ciclo de incertidumbre que rodea al sistema penal. Citando a Shakespeare, Vial reflexiona sobre la necesidad de evitar el paralelismo con Hamlet: no podemos permitirnos dudar indefinidamente mientras las problemáticas persisten. Con el apoyo de senadores de variadas ideologías, el proyecto busca no solo reestructurar el tratamiento de las condenas, sino también reforzar la confianza del público en un sistema que, a su juicio, debe ser justo y humano tanto con los excondenados como con las víctimas de delitos.







