La Fiscalía Regional de Valparaíso ha dado un importante paso en la investigación que envuelve al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez. Este sábado, se presentó una «querella de capítulos» ante la Corte de Apelaciones de Santiago por delitos que incluyen cohecho, prevaricación y revelación de secretos. Esta acción legal surge en el contexto del llamado «caso Audios», tras la recopilación de información del teléfono celular del abogado Luis Hermosilla. Las conversaciones entre Ulloa y Hermosilla revelan interacciones que apuntan a irregularidades en nombramientos dentro del Poder Judicial, lo que ha puesto en tela de juicio la integridad de las decisiones judiciales durante el mandato de Ulloa.
La querella, liderada por la fiscal Claudia Perivancich, se centra en esclarecer la posible responsabilidad del exmagistrado en una serie de gestiones ilegales en la designación de jueces. Este procedimiento es necesario para llevar a cabo una acción penal contra funcionarios como los jueces, quienes tienen un régimen especial dentro del sistema judicial. La fiscalía deberá presentar los antecedentes al tribunal para que este decida si otorga luz verde a la persecución penal, estableciendo así un precedente en casos de corrupción dentro del ámbito judicial.
El vínculo entre Ulloa y Hermosilla se hizo evidente en marzo de 2024, cuando se publicaron conversaciones que mostraban la influencia del abogado en los procesos de designación de ministros. A través de mensajes intercambiados, Hermosilla había gestionado la llegada de Ulloa a la Corte de Apelaciones, lo que suscitó interrogantes sobre la transparencia de dicho nombramiento. Las indagatorias también revelaron que el exministro había beneficiado a Hermosilla en el pasado, lo que, según los fiscales, podría haber constituido tráfico de influencias.
La situación se complicó aún más en mayo de 2025, cuando se descubrió que Ulloa compartía información sensible con Hermosilla sobre diversas causas judiciales, incluyendo el desafuero del gobernador regional de Valparaíso. Esto generó serias preocupaciones acerca de si Ulloa se había inhabilitado adecuadamente para actuar en casos donde sus conexiones personales estaban involucradas. Los informes sobre los intercambios de información han sido fundamentales para las acusaciones de prevaricación, un tema que será examinado cuidadosamente durante el juicio.
Más recientemente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó otra querella en septiembre de 2026, culpando a Ulloa de cohecho agravado y prevaricación judicial, entre otros delitos. El organismo también incluyó en su acción legal a otros abogados y un conservador de bienes raíces, lo que amplía la red de acusaciones de corrupción en torno al exministro. Las investigaciones apuntan a pagos sospechosos que podrían haber alcanzado los $74,3 millones entre 2019 y 2025, sugiriendo una trama mucho más amplia en la que se intentó manipular los nombramientos judiciales en favor de ciertos intereses personales.






