La situación de la reforma de seguridad en Chile ha tomado un giro crucial, con la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, manifestando la disposición del gobierno para retirar la actual propuesta, ante la posibilidad de que surja un nuevo proyecto consensuado por más senadores. Durante una reunión con el Presidente José Antonio Kast, Ossandón destacó la urgencia del tema y la necesidad de unidad entre los legisladores. Según la diputada, si la nueva propuesta es capaz de obtener suficientes apoyos, esto llevaría al gobierno a dar un paso atrás en su oferta original, que desde hace tiempo se encuentra paralizada en el Senado.
El senador Bianchi, criticando la falta de resultados inmediatos de la reunión, insinuó que la salida de la reforma actual está condicionada a la presentación de un proyecto que satisfaga a más senadores. Esta aparente flexibilidad por parte del gobierno es un gesto significativo, pues apunta a un enfoque más colaborativo en un tema tan delicado como la seguridad. Ossandón, por su parte, defendió la reunión, argumentando que fue esencial para organizar a las dos cámaras y las comisiones pertinentes para avanzar en la creación de un nuevo marco normativo.
Por otro lado, las senadoras Paulina Vodanovic y Claudia Pascual manifestaron su descontento al enterarse de la reunión por la prensa, lo que refleja la tensión existente entre los diversos sectores políticos. A pesar de su relevancia en el debate de seguridad, fueron excluidas de esta conversación directa. Ossandón sugirió que la falta de inclusión no respondía a una negativa del gobierno, sino que era una cuestión de representatividad en una reunión centrada en los presidentes de las comisiones involucradas.
Con respecto a los tiempos, la diputada Ximena Ossandón indicó que la estrategia es tener la nueva reforma lista entre lunes y martes, lo cual sería un intento de acelerar el proceso y involucrar a diferentes voces, incluidas las senadoras que se sintieron excluidas. Este apuro por cerrar la brecha legislativa es crucial, dada la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad y el crimen organizado. Hay una clara presión para que el gobierno actúe rápidamente y se logre una solución que satisfaga a todos los actores políticos.
Finalmente, Ossandón abordó la noción de la retirada del proyecto como una posible derrota táctica, pero subrayó que es una estrategia para alcanzar una victoria a largo plazo en la lucha contra el crimen organizado. Este nuevo enfoque implica una aceptación de la realidad política actual y un deseo de encontrar un terreno común. La guerra contra el crimen no se decide en batallas individuales, sino en el resultado final. La determinación del gobierno de reconfigurar su enfoque en la reforma de seguridad podría ser el gesto necesario para obtener el respaldo necesario y así enfrentar de manera más efectiva la complejidad de los problemas de seguridad que afectan al país.
