El filósofo Francis Fukuyama, en su obra “Los orígenes del orden político”, argumenta que el Estado moderno, como una entidad burocrática basada en el mérito, tiene sus raíces en la antigüedad china y se revitaliza en Occidente a través de principios contemporáneos que persisten hasta nuestros días. Este análisis revela la complejidad y la polarización que rodea la noción de Estado, que no solo es una organización de poder, sino un ente cuya naturaleza, fines, y atribuciones son ampliamente debatidos. La discusión sobre el tamaño y la influencia del Estado ha llevado a posturas diametralmente opuestas, evidenciando que su relación con la libertad individual es un tema de interés constante y de palpable relevancia en la actualidad.
La historia ha demostrado que la distorsión del concepto de Estado puede resultar en regímenes totalitarios que intentan regular todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Por el contrario, la ausencia de un Estado robusto puede dar lugar a sociedades dominadas por la violencia y el desorden. Por lo tanto, la función del Estado es crucial para establecer las condiciones necesarias que permitan la existencia de sociedades libres y justas. Tanto su sobreabundancia como su escasez son interpretadas como amenazas a la cohesión social y al desarrollo, por lo que es necesario encontrar un balance que fomente un entorno de libertad y progreso.
Recientemente, en el contexto de un resurgimiento del discurso igualitarista en Chile, se ha observado un crecimiento significativo en la estructura y atribuciones del Estado. La administración del presidente Kast ha tomado un rumbo opuesto al intentar reducir la carga tributaria y limitar la burocracia, favoreciendo así un ambiente propicio para el emprendimiento y la productividad. Este enfoque busca redirigir los esfuerzos hacia el progreso generado por el ámbito privado, en contraposición a una política asistencialista que se ha vuelto, en muchos casos, sinónimo de dependencia y estancamiento.
En una medida innovadora, se ha establecido la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, formada por profesionales con destacadas trayectorias y diversas orientaciones políticas, con el propósito de proponer cambios a un estatuto que ha transformado la función pública en un sistema rígido y complicado. Este proyecto se basa en la premisa de que el Estado debe estar al servicio del individuo y no convertirse en un obstáculo para el desarrollo, aspecto que ha sido desdibujado por normativa y decisiones judiciales que han evolucionado hacia una estructura burocrática excesiva.
Sin embargo, la resistencia a estas reformas no se ha hecho esperar. Desde sectores estatistas, se alzan voces que defienden a los funcionarios públicos, olvidando que el verdadero rescate de la dignidad de esta función radica en reformar un sistema que ha fomentado la mediocridad y la politización. Es imperativo que Chile avance hacia una administración pública que valore la eficiencia y el mérito, al tiempo que recupera el prestigio y la respetabilidad de la función pública. La nación merece contar con funcionarios competentes y bien remunerados que actúen como un motor de desarrollo y no como un freno que impida su progreso.
