El ministro de Seguridad, Martín Arrau, resaltó la importancia de la llegada al país de dos presuntos miembros del Tren de Aragua, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como Gocho, y Adrián Rafael Gámez Finol, alias el Turko, quienes son acusados del secuestro y homicidio del disidente venezolano Ronald Ojeda. Arrau aseguró que este hecho representa una ‘señal clara para el crimen organizado’, enfatizando el compromiso del gobierno chileno con la justicia y la seguridad nacional. Los imputados, que tienen la responsabilidad penal sobre crímenes de gran gravedad, arribarán al Aeropuerto de Santiago a mediodía, en el marco de un rigoroso operativo de seguridad preparado por las autoridades.
Durante su declaración, el ministro Arrau subrayó el esfuerzo de las fuerzas policiales en el reconocimiento y extradición de criminales que operan desde el extranjero. ‘Cuando hay personas de otros países o se organizan crímenes, aparentemente desde otros países, secuestro, homicidio, desaparición de personas, todo esto se logra identificar y traer de vuelta al país, lo que es una señal clara para el crimen organizado’, indicó. Esta postura refleja la estrategia del gobierno de Chile de abordar la criminalidad transnacional de manera contundente y directa.
En relación con el tratamiento de los acusados, el ministro Arrau expresó su deseo de que los imputados sean recluidos en un régimen penitenciario especial, sugiriendo que Gendarmería deberá evaluar las condiciones para garantizar su seguridad y el orden dentro del sistema carcelario. ‘Ojalá la justicia esté de acuerdo en eso, para que esas personas no puedan seguir delinquiendo desde la casa y tengan las máximas medidas de seguridad en nuestro país’, afirmó, enfatizando la necesidad de mantener el control sobre aquellos que han demostrado conductas delictivas en el pasado.
El ministro también hizo hincapié en la actualidad de los desafíos del sistema penitenciario chileno, subrayando la reciente resolución que revirtió el traslado de miembros del clan Chen a la cárcel La Laguna de Talca. Arrau calificó esta situación como una problemática que se divulga a diario y que revela las complejidades del sistema judicial. ‘Todos los días se presentan recursos para trasladar a un preso a una cárcel donde pueda que se sienta más cómodo por razones culturales o sociales’, detalló, destacando que estos casos se vuelven a poner bajo la atención pública.
Finalmente, Arrau abogó por reformas constitucionales que fortalezcan el sistema penitenciario y protejan las decisiones de Gendarmería ante recursos que podrían comprometer la seguridad pública. Afirmó que estas modificaciones ‘no son ideas totalmente nuevas’, ya que varios parlamentarios, independientemente de su afiliación política, han venido proponiendo ajustes similares. ‘Es necesario hacer ciertas reformas constitucionales para tener un sistema penitenciario fortalecido’, concluyó, reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad y el orden público en Chile.
