Iván Pérez Varas, un hombre de 34 años, fue hallado sin vida en la cárcel de Valparaíso, donde cumplía una medida de prisión preventiva tras ser acusado de incendio en la comuna de Cerrillos, en 2024. Pérez había sido formalizado ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago y, debido a su condición de salud mental, su defensa había solicitado su traslado al Instituto Psiquiátrico José Horwitz. Sin embargo, a pesar de la resolución favorable del tribunal en noviembre de 2025, el traslado nunca se concretó debido a la falta de cupos en las instalaciones psiquiátricas, lo que plantea serias interrogantes sobre la atención a personas con condiciones similares en el sistema penitenciario.
El defensor penal público de Iván Pérez, Roberto Pasten, había advertido desde el inicio del proceso legal que su cliente padecía enajenación mental y, como consecuencia, podría ser considerado inimputable. Durante el desarrollo del caso, se solicitó una pericia psiquiátrica que corroboró este diagnóstico. A pesar de las evidencias presentadas y de los esfuerzos por obtener una revisión de la prisión preventiva, la defensa de Pérez se encontró con la negativa del tribunal en siete ocasiones para suspender dicho procedimiento a favor de su internamiento en un establecimiento especializado.
La Defensoría Penal Pública (DPP) ha calificado como ‘grave’ la muerte de Pérez, subrayando que esta tragedia debe servir como una señal de alarma sobre la crítica situación de las personas con diagnóstico de enajenación mental en el sistema penitenciario. Eduardo Camus, jefe de Estudios de la DPP, explicó que la falta de cupos en las instituciones de salud mental ha llevado a que muchas personas en condiciones similares deban permanecer en cárceles ordinarias, donde sus necesidades terapéuticas quedan desatendidas. Esta situación ha sido reportada como preocupante, dado que las listas de espera para tratamientos pueden extenderse hasta casi un año.
La falta de adecuadas condiciones de atención psiquiátrica no solo afecta a los hombres en situación de conflicto con la ley, sino también a las mujeres. Recientemente, la jueza Vania Boutaud, del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, emitió un informe revelador sobre las condiciones de vida de las mujeres en el psiquiátrico Horwitz, señalando que enfrentan tratos crueles e inhumanos. Según su reporte, las imputadas estaban bajo la vigilancia de funcionarios hombres, experimentaban restricciones en el acceso al agua potable durante la noche y carecían de privacidad en los baños, lo que añade una capa de sufrimiento a su ya complicada situación.
La trágica muerte de Iván Pérez en la cárcel de Valparaíso ha reabierto el debate sobre la urgencia de reformar el sistema de atención a los imputados con trastornos mentales en Chile. Las instituciones de salud mental se encuentran desbordadas, lo que imposibilita que los jueces cumplan con los mandatos del Código Procesal Penal que exigen la internación en recintos especializados. La DPP ha hecho un vehemente llamado a las autoridades competentes para que encuentren soluciones efectivas y rápidas que permitan atender adecuadamente a estas personas, evitando que nuevos casos trágicos como el de Pérez se repitan en el futuro.
