El debate sobre la calidad de la educación en Chile se ha intensificado en los últimos meses tras la presentación de la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) por parte del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Aunque la intención de mejorar la transparencia y los criterios de selección puede ser un paso positivo, muchos expertos advierten que este cambio no debe eclipsar la necesidad urgente de elevar los estándares educativos en los colegios del país. La heterogeneidad en la calidad educativa es alarmante y, a su vez, una de las principales causas de la desigualdad en las oportunidades de aprendizaje entre los estudiantes. En este contexto, la pregunta clave es: ¿realmente la reforma al SAE aborda los problemas más profundos que afectan a la educación chilena?
La ministra de Educación ha defendido la reforma, afirmando que el objetivo es restar peso al azar en la admisión escolar y establecer criterios más relevantes tanto para los colegios como para las familias. Sin embargo, muchos criticos argumentan que, sin una mejora sustancial en la calidad de la educación pública, estos cambios son meramente superficiales. La Ley de Inclusión, promulgada en 2015, pretendía eliminar prácticas discriminatorias en la selección escolar y garantizar que las familias pudieran elegir libremente a sus colegios. A pesar de este progreso legislativo, se evidencia que muchas instituciones educativas, especialmente las públicas, aún luchan con problemas de reputación y desempeño académico que alejan a las familias.
Además, la separación entre colegios particulares subvencionados y los públicos continúa siendo una problemática central. Los datos revelan que la preferencia del 70% de las familias se concentra en los primeros, lo que pone de manifiesto una clara tendencia hacia la educación privada que podría perpetuar la desigualdad social. Las estadísticas son igualmente preocupantes: cerca del 45% de los cupos de colegios públicos no cuentan con postulaciones, lo que implica que muchas escuelas públicas no reciben la demanda esperada. Esta situación refuerza un ciclo en el que las instituciones públicas son vistas como menos deseadas, lo que a su vez impacta negativamente en la calidad de la educación que ofrecen.
Dado este panorama, es fundamental que el Ministerio de Educación y otros actores relevantes se enfoquen no solo en la admisión escolar, sino en la mejora efectiva de la educación misma. Es un comentario recurrente que la solución a la crisis de calidad educativa está en aumentar la oferta de colegios de calidad, tanto públicos como privados, lo que reduciría la presión y la competencia desleal por los pocos cupos en colegios bien valorados. Como parte de esto, se deben generar condiciones que permitan la creación y administración de nuevos colegios, así como asegurar que los existentes se enfoquen en elevar sus niveles de excelencia educativa.
Por último, la seguridad y el ambiente dentro de los colegios públicos deben ser abordados de manera prioritaria. Sin un entorno seguro y propicio para el aprendizaje, es difícil esperar que los estudiantes se sientan motivados y que la calidad de los aprendizajes se eleve. La recuperación de los liceos emblemáticos y la reestructuración de los sistemas educativos también son pasos necesarios. Es imperativo que los esfuerzos del gobierno se traduzcan en un enfoque integral que considere tanto los sistemas de admisión como la calidad educativa en el aula, para evitar que el debate se reduzca únicamente a cómo se asignan los cupos.
