La designación de Johel Zelaya como nuevo fiscal general del Estado de Honduras y de Mario Morazán como fiscal general adjunto, realizada por la comisión permanente del Congreso el 1 de noviembre, ha desatado una ola de controversia e indignación entre la oposición y distintos sectores de la sociedad. En medio de denuncias de ilegalidad, los diputados oficialistas impusieron este nombramiento interino que, al parecer, contraviene procedimientos establecidos para la elección de estos altos funcionarios. La situación se torna aún más crítica en la medida que ha habido agresiones físicas contra legisladores, lo que evidencia un entorno de creciente tensión política y social en el país.
Los hechos se desencadenaron cuando la comisión, dominada por oficialistas, nombró a Zelaya y Morazán por unanimidad y procedió a juramentarlos de inmediato, bajo el argumento de que poseen la atribución para realizar tales nombramientos interinos ante la vacante dejada por los fiscales generales salientes, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián. Sin embargo, esta interpretación de los deberes de la comisión es rechazada por la oposición, que argumenta que se requiere un consenso más amplio dado que el Congreso, al estar en receso legislativo, no permite la elección formal de nuevos fiscales.
La jornada del 1 de noviembre estuvo marcada por la violencia y la resistencia de los opositores, quienes intentaron impedir la designación en una acción simbólica de protesta. Mientras algunos legisladores del Partido Nacional y otros partidos se agruparon en la entrada del Congreso, el escaso número de oficialistas fue capaz de llevar a cabo su agenda, lo que generó un clima de alteración. Mientras tanto, los medios de comunicación destacan que incluso las fuerzas de seguridad impidieron el acceso de diputados opositores a las instalaciones del Congreso, lo que agravia aún más la situación política del país.
La posición de la oposición ha sido firme, señalando que el nombramiento interino es un acto de abuso de poder y traición a la patria, implicaciones graves que se enmarcan en la creciente desconfianza hacia las instituciones hondureñas. En respuesta a estos eventos, el presidente del Partido Nacional, David Chávez, se unió a otros líderes opositores para expresar su condena y rechazar la legitimidad del proceso, argumentando que la voluntad mayoritaria de los 128 diputados fue sustituida por una decisión de solo nueve. Este escenario ha llevado a discutir ampliamente sobre la calidad democrática de la actual administración.
En medio de este clima de incertidumbre, el gobierno estadounidense ha emitido un llamado a la calma y al diálogo entre las partes involucradas en el conflicto, instando a que la elección del nuevo fiscal general debe contar con el apoyo de los 86 votos requeridos. La diplomacia norteamericana, a través de su jefe para América Latina, ha subrayado la importancia de evitar la violencia y buscar un consenso que favorezca la estabilidad en Honduras. Por su parte, la organización empresarial Cohep ha manifestado su preocupación ante el deterioro de los procesos democráticos en el país, destacando que la situación actual podría repercutir negativamente en la confianza de los inversores y ciudadanos.
