El senador Pedro Araya, del Partido por la Democracia (PPD), ha convocado a cerrar la fractura en el seno de la centroizquierda y ha instado a sus colegas a leer el proyecto de reforma constitucional sobre seguridad que está a punto de ser presentado. En el contexto de un diálogo más amable y constructivo con el gobierno, especialmente tras el reciente encuentro del presidente José Antonio Kast con parlamentarios, Araya ha destacado la necesidad de abordar la agenda de seguridad con urgencia y seriedad, señalando que la situación del crimen organizado demanda una respuesta firme y coordinada de la clase política.
La reforma diseñada por Araya junto a los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicano) se centra en tres ejes principales: el crimen organizado, la segregación carcelaria y ajustes al estado de excepción de emergencia. En sus declaraciones, el senador subrayó que la propuesta busca ofrecer una respuesta mínima pero efectiva a la problemática de la inseguridad, reconociendo las deficiencias del proyecto presentado por el gobierno que no contaba con respaldo político suficiente.
En cuanto al crimen organizado, Araya enfatizó que este fenómeno debe ser tratado con la misma seriedad que el terrorismo, argumentando que ambas actividades son incompatibles con los principios democráticos. La idea es poder aplicar restricciones más severas contra individuos condenados por crimen organizado, incluyendo la prohibición de que estos accedan a cargos de elección popular, lo que refleja una evolución en la legislación que se debe adaptar a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad.
Otra de las cuestiones abordadas por el senador es la segregación carcelaria, tema que ya ha sido discutido anteriormente por otros senadores, como los propuestos por Castro y Vodanovic. Araya se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar consensos en torno a este asunto, sugiriendo que no deberían existir desacuerdos pues se trata de acciones destinadas a mejorar el sistema penitenciario, donde las decisiones judiciales a menudo alteran la situación de reos considerados de alta peligrosidad.
Finalmente, respecto a los ajustes al estado de excepción, Araya mencionó que no habrá cambios drásticos ni se ampliarán las atribuciones del Presidente. Se introducirán algunos requisitos adicionales de control al Congreso, como la obligación de informar sobre el estado de excepción cada 15 días y la posibilidad de que el organismo legislativo solicite su revocación. Con este enfoque, el senador Araya cierra la puerta a medidas más intrusivas y busca crear un clima de cooperación en torno a un proyecto que, asegura, debería ser respaldado por todos los sectores de la centroizquierda.
