En un giro notable en la dinámica política chilena, las diputadas de la oposición que conforman la Comisión de la Mujer de la Cámara Baja decidieron retirarse de una sesión en protesta por la presencia del Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Esta acción se enmarca en el creciente conflicto entre el Gobierno y las fuerzas opositoras, especialmente en el contexto de la acusación constitucional que se tramita en el Parlamento en contra de Rabat. Las legisladoras, entre ellas Emilia Schneider, Consuelo Veloso, Sofía González y Carolina Cucumides, argumentaron que Rabat se ha convertido en un «interlocutor no válido» debido a sus recientes decisiones en relación a la reducción de penas a condenados por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad.
La situación es tensa, ya que el ministro enfrenta una crítica feroz por haber implementado rebajas de penas por medio de decretos administrativos que afectan a delincuentes condenados por delitos graves. Este hecho ha suscitado un clamor por su destitución dentro de la oposición, que considera sus acciones como una grave falta de respeto hacia las víctimas de abusos y sus familias. Cucumides, en declaraciones a la prensa, reafirmó la urgencia de que Rabat deberá tomar decisiones cruciales que afectarán la credibilidad del sistema judicial chileno.
La decisión de las diputadas de abandonar la reunión no es un acto simbólico aislado, sino parte de una estrategia más amplia de la oposición para manifestar su rechazo a las políticas del Gobierno de José Antonio Kast. La polémica en torno a Rabat ha polarizado aún más el ambiente político, donde la oposición se siente legitimada a cuestionar la idoneidad del ministro en su cargo. Las parlamentarias se han comprometido a no permitir que la presencia de alguien que consideran parcialmente responsable de la revictimización de los niños abusados les impida trabajar en las problemáticas que atañen al género.
En este contexto, el diputado Cristián Araya, único hombre en la comisión, hizo un llamado a la presidenta de esta instancia, Eileen Urqueta, para que se remitan los antecedentes a la Comisión de Ética. Esta acción refleja la búsqueda de accountability en la conducta del ministro, lo que intensifica el debate público sobre la administración de justicia en Chile. La oposición, enfocada en defender a las víctimas, exige respuestas y claridad sobre sus derechos, y no descartan tomar medidas adicionales si no se siente satisfechos con la respuesta del Gobierno.
El futuro de Fernando Rabat en el ministerio se presenta incierto; a medida que avanza la acusación constitucional, la presión aumenta no solo desde el hemiciclo, sino también desde la ciudadanía que se mantiene alerta ante las decisiones que afectan la justicia y la protección de los más vulnerables. Estas tensiones reflejan una crisis de confianza que podría redefinir el papel del Ministerio de Justicia y su relación con la sociedad chilena en tiempos de cambios políticos profundos.








