La madrugada de este lunes, la Fiscalía Regional del Maule concretó la detención de diez individuos implicados en un escándalo de
fraude al fisco y soborno que involucra a la Gobernación Regional y varios municipios de la región. La operación, denominada «Castillo de Naipes», fue iniciada en octubre de 2024 y ha destapado una compleja red de corrupción que involucra a funcionarios públicos del Gore, así como de los municipios de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier. Según el fiscal regional, Rodrigo Peña, las investigaciones han revelado que la defraudación asciende a un monto aproximado de 3.000 millones de pesos.
Los detalles de la investigación han sido alarmantes. Peña explicó que, al menos 316 millones de pesos estarían relacionados con conceptos de soborno y otros delitos vinculados. La coordinación de la investigación ha estado a cargo de distintos organismos, entre ellos, la Fiscalía Nacional, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), además de la participación de la Policía de Investigaciones (PDI). Con el apoyo de cerca de 70 detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Linares, se ejecutaron 13 órdenes de entrada y registro, culminando en las detenciones.
A medida que avanza la investigación, se ha documentado que los implicados emitían boletas ideológicamente falsas a nombre de distintos organismos gubernamentales. Estos delitos incluyen la falsificación de documentos públicos y la manipulación de facturas, lo que conlleva a un caso de malversación de fondos en la administración pública. El prefecto inspector Luis Salazar, jefe de la región policial del Maule, detalló que el modus operandi de la banda consiste en el uso de empresas particulares para la facturación y el cobro de las mismas, lo cual evidencia una asociación criminal en curso.
Frente a esta situación, el Ministerio Público ha decidido solicitar la prisión preventiva para los diez imputados, quienes serán formalizados en el Tribunal de Garantía de San Javier en el transcurso de la tarde. La gravedad de los hechos ha reavivado la discusión sobre la integridad en el manejo de los recursos públicos en la región, siendo la Gobernación Regional un foco de atención tras el escándalo.
El gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, salió al paso de las críticas asegurando que los hechos ocurrieron antes de su asunción en enero de 2025. Afirmó que en abril de 2025, tras obtener evidencia de irregularidades, se presentó una denuncia ante la Fiscalía, lo que desencadenó la investigación actual. Álvarez-Salamanca también destacó que de los detenidos, dos son funcionarios del gobierno regional, uno de los cuales renunció voluntariamente, mientras que el otro enfrenta un sumario administrativo. Estas acciones, dijo el gobernador, son parte de los esfuerzos por esclarecer la situación y garantizar la transparencia en la gestión pública.
