El reciente acuerdo alcanzado entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y diversos representantes de la oposición, incluyendo a Yasna Provoste de la DC y la diputada Daniela Serrano del PC, ha sido clave para destrabar la partida más conflictiva del Presupuesto 2027, que corresponde al Ministerio de Educación. Desde el inicio de la discusión, la propuesta de eliminar el programa «Yo Elijo Mi PC» había levantado una fuerte ola de críticas, incluso desde miembros del propio gobierno, lo que llevó a una intervención del Presidente José Antonio Kast para calmar las aguas. Quiroz, con una estrategia cuidadosamente planificada, decidió resguardar sus principales concesiones para las negociaciones en el Senado, lo que resultó en una mesa de diálogo que prometía desactivar tensiones respecto al financiamiento educativo.
La partida para el Ministerio de Educación había sido el eje central de la controversia presupuestaria, especialmente tras el anuncio de la posible eliminación del programa de entrega de computadores a estudiantes, que generó murmullos de descontento ya en las primeras etapas del proceso. Ante esta situación, no solo el Ejecutivo tuvo que actuar, sino que también se buscó la colaboración de figuras clave en el Congreso para crear un consenso. Las negociaciones concluyeron en la creación de un protocolo de acuerdo por 24 puntos que incluye la reposición de las Becas TIC y la asignación de mayores recursos a diferentes instituciones educativas, destacando el modelo de los Liceos Bicentenario y la Junji.
El papel del Partido Comunista en este proceso no pasó desapercibido. Para sorpresa de muchos, Quiroz logró acercamientos con comunistas, algo que antes se consideraba improbable bajo el gobierno actual. Daniela Serrano, en su rol como jefa de bancada del PC, se convirtió en una aliada clave de Provoste y juntas lograron presentar indicaciones que facilitaran el entendimiento con el ministro de Hacienda. Este cambio de dinámica en el Congreso evidencia la posibilidad de lograr acuerdos transversales, a pesar de las diferencias ideológicas que durante tanto tiempo habían blindado el diálogo entre el oficialismo y la oposición.
Aunque el acuerdo alcanzado en educación es significativo, ha suscitado ciertas tensiones entre quienes no fueron incluidos en la mesa de negociación. La senadora Beatriz Sánchez del Frente Amplio expresó su malestar por haber quedado fuera de las discusiones, mientras que otros senadores del PS y el republicano Arturo Squella también manifestaron reservas. Esta respuesta resalta la complejidad de las negociaciones en un contexto político donde las decisiones se toman a menudo por un grupo reducido de actores, lo que puede dejar a otros legisladores sintiéndose excluidos y descontentos.
A pesar de las reacciones mixtas sobre el acuerdo en educación, el alcance de estas negociaciones no se limita a este ámbito. Otros sectores, como la Salud y la deuda pública, también están siendo objeto de discusiones intensas, aunque surgieron ruidos en áreas como Vivienda y Cultura, donde la oposición de algunos legisladores derivó en reproches sobre la gestión de recursos. En el Senado, se han hecho esfuerzos por restaurar financiamiento para iniciativas sociales, aunque las críticas sobre la distribución y la ejecución de esos fondos continúan, reflejando la necesidad de un mayor diálogo y cooperación entre las distintas fuerzas políticas para lograr un presupuesto más inclusivo y justo para todos.







