El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, ha anunciado que los precios de los combustibles podrían experimentar un aumento a partir de abril de 2027, aunque aseguró que esto no se traducirá en un nuevo «bencinazo». Esta declaración se produce tras el acuerdo entre el gobierno y los transportistas que ha congelado temporalmente los precios. Vallebona subrayó que la política gubernamental se centrará en realizar ajustes moderados, evitando alzas drásticas que afecten de manera severa a las familias chilenas. Esto refleja una respuesta calculada a la presión que los altos precios internacionales han ejercido sobre el mercado local.
En marzo de 2026, la situación de los combustibles alcanzó un punto crítico después de la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de neutralizar el Mepco, una medida que fue justificada por la compleja situación fiscal del país. En ese contexto, los precios de las gasolinas y diésel se dispararon, lo que generó un gran impacto en los bolsillos de los ciudadanos. La respuesta del gobierno fue polarizada; por un lado, el incremento de precios fue necesario para mantener la estabilidad fiscal, pero por otro, generó un descontento significativo entre los ciudadanos y el sector del transporte.
Durante su intervención en T13 Radio, Vallebona argumentó que las decisiones tomadas durante el alza de precios se justificaron en la necesidad de ordenar las cuentas fiscales del Estado. A pesar de que el aumento de precios impactó directamente a los hogares, el subsecretario defendió la medida como un paso necesario para asegurar la sostenibilidad económica del país. Afirmó que el mantenimiento de las clasificaciones de riesgo crediticio de Chile también tiene un efecto positivo en la capacidad del gobierno para endeudarse sin costo adicional.
Con el congelamiento de precios aprobado por el Congreso, el gobierno ha tomado medidas significativas para aliviar la presión sobre los transportistas y consumidores. La reducción en el precio del diésel y las bencinas es una respuesta a las exigencias de grupos de transporte ante aumentos consecutivos significativos. La nueva ley incluye un aumento en la devolución del impuesto específico para el transporte de carga, lo cual busca beneficiar a los transportistas y mitigar el impacto económico de los aumentos de precios pasados.
El compromiso del gobierno de mantener alzas moderadas sugiere un enfoque más equilibrado hacia la gestión de precios de combustibles en el futuro. Vallebona ha enfatizado que cualquier futura alza dependerá del comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Esto indica que el gobierno está preparado para adoptar medidas de contingencia si la situación económica global requiere ajustes, siempre priorizando la mitigación de un impacto severo en el costo de la vida para la población chilena.







