Las pésimas cifras económicas divulgadas esta semana han puesto en tela de juicio la gestión de Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, quien parece optar por una relación autoritaria y despectiva con la opinión pública. En lugar de asumir la responsabilidad por el aumento del desempleo y el inminente peligro de recesión, Quiroz ha decidido adoptar un tono de inspector severo, desestimando las inquietudes de millones de chilenos que depositaron su confianza en el gobierno actual con la esperanza de mejorar su calidad de vida. La desconexión entre la autoridad y la ciudadanía se vuelve cada vez más evidente, mientras las expectativas de bienestar se desvanecen en medio de la crisis económica.
Durante la presentación del Presupuesto 2027, Quiroz se mostró implacable, utilizando su ‘motosierra’ para recortar fondos incluso en áreas críticas como la educación. Anunció decisiones alarmantes, tales como la eliminación de la amortización del precio de la parafina y posibles despidos de docentes, en una actitud que recuerda más a la de un capitán de barco en medio de una tormenta que se resiste a ver el naufragio inminente. Este enfoque no solo incrementa la desconfianza hacia el gobierno, sino que lo posiciona en una narrativa de austeridad que penaliza a los más vulnerables en el contexto de una cesantía que ya ronda el 10%.
Las declaraciones del ministro, cargadas de un tono triunfalista y punitivo, no están a la altura de las expectativas que debe cumplir su cargo. En lugar de ofrecer soluciones concretas ante el desalentador panorama económico, parece conformarse con ejercer un control disciplinario sobre la ciudadanía a la que se supone debe servir. Si bien su decisión de cortar financiamiento al programa Yo elijo mi PC busca justificar una supuesta evaluación negativa, la falta de claridad y empatía hacia quienes dependen de estos recursos es reveladora, poniendo en evidencia que la agricultura de la confianza ha sido reemplazada por una retórica castigadora.
En línea con esta estrategia, Quiroz ha asumido la reinscripción de una supuesta moralidad nacional al anunciar una fiscalización más rigurosa sobre la gratuidad universitaria. Si bien la vigilancia de recursos es esencial, su enfoque moralizante, expresado con frases cargadas de desdén hacia la ciudadanía, sugiere una profunda desconfianza hacia ellos. La ambigüedad en sus aclaraciones sobre el ‘chileno vivo’, que supuestamente será objeto de controles, plantea dudas sobre si realmente está buscando erradicar la corrupción o si está perpetrando una nueva forma de control social que ignora las verdaderas fuentes del abuso en el sistema.
El actual gobierno asumió el poder prometiendo rescatar a un país en crisis, pero ha sido incapaz de presentar un plan coherente tanto para la seguridad como para la economía. Con un ministro que asegura un crecimiento inminente que sigue eludiendo la realidad, se hace cada vez más evidente que la narrativa repetida de un país en ruinas es más que un mantra; se ha convertido en una excusa para la inacción. Los constantes tropiezos diplomáticos y la indiferencia de la comunidad internacional hacia el liderazgo del presidente Kast agravan aún más la situación, haciendo que la ciudadanía, ya de por sí desalentada, ahora enfrente no solo una crisis económica, sino también una crisis de credibilidad en su propio gobierno.
